PROCESAMIENTO AL DUEÑO DE CABARET

La Justicia Federal confirmó el procesamiento del primer acusado formal por trata de personas en la provincia. Ocurrió horas después que un informe del diario Página/12 reveló que la Ufase descubrió una red con epicentro en esta ciudad.
El propietario del cabaret de 25 de Mayo que está detenido por presunta trata de personas tras la denuncia de una joven boliviana, quedó cerca del juicio oral tras confirmarse ayer su procesamiento. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca ratificó lo dispuesto por el juez federal de Santa Rosa, Pedro Vicente Zabala, y además le negó la excarcelación al acusado.
La novedad se conoció a través de fuentes judiciales, horas después que un informe del matutino porteño Página/12 revelara los resultados de una investigación de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), cuyo titular es el fiscal Marcelo Colombo. Dicha pesquisa determinó que más de cuatrocientas mujeres, en su mayoría de Paraguay y de provincias del norte argentino, fueron trasladadas a Santa Rosa a lo largo de los últimos cinco años, para ser explotadas sexualmente en tres prostíbulos.
La madrugada del martes 12 de mayo, la comisaría de 25 de Mayo recibió la denuncia de una mujer que adujo haber sido engañada y obligada a prostituirse en el cabaret El Rancho, el cual está ubicado sobre la ruta nacional 151, a 8 kilómetros al oeste de esa localidad. Un día después, el dueño del local nocturno fue detenido y trasladado a Santa Rosa, para luego ser procesado a principios de junio.
La justicia, en los fundamentos de esa medida, dio por probado que todas las mujeres que estaban en el cabaret eran engañadas y obligadas, aunque solamente la denunciante había afirmado estar allí contra su voluntad. "Para mí, es un negocio como el de comprar y vender vacas", llegó a decir el acusado. Este procesamiento marcó un hecho inédito en La Pampa, ya que es la primera vez que ocurrió bajo la figura de trata de personas.
Aunque existe la posibilidad de que las autoridades judiciales soliciten la realización de alguna medida probatoria adicional a las ya existentes en el expediente, fuentes de la causa anticiparon que está "todo listo" para que la fiscal federal Marta Odasso solicite la elevación a juicio.

La ruta.
Coincidencia o no, el extenso informe de Página/12 (firmado por la periodista Mariana Carabajal) hace referencia a ese caso y otros episodios que la Ufase (un organismo que depende de la Procuraduría General de la Nación) comprobó se sucedieron en el territorio pampeano. Según la presentación judicial, el tráfico de mujeres hacia La Pampa habría aumentado en los últimos dos años, siendo la capital provincial, además de un lugar de destino, un punto de distribución de jóvenes hacia otros puntos.
La investigación se originó a partir de otro artículo de ese diario, publicado el 22 de marzo, en el que ex comisario Hugo Ledesma, que se había desempeñado al frente de la oficina de Migraciones de la policía entre 2003 y 2004, denunció que las autoridades de la fuerza provincial obstaculizaron sus intentos por perseguir la explotación sexual de mujeres extranjeras.
La denuncia de la Procuración General fue presentada el 28 de julio ante el juzgado federal de Santa Rosa. Según se indica, el juez Zabala delegó la causa en la fiscal federal Marta Odasso.
Colombo, a partir de los dichos de Ledesma, decidió rastrear la existencia de la red de tratantes que operaría en la provincia e inició una inició una investigación preliminar, cuyos resultados son el eje de la denuncia, tres días después de la publicación de la entrevista al ex policía.
El fiscal comenzó a relevar de leer el libro del municipio de Santa Rosa, donde, hasta antes de la prohibición de las habilitaciones para las whiskerías, los proxenetas debían registrar a las "alternadoras" que llegaban para "trabajar" a sus locales. "La categoría de alternadoras es usada para denominar lo que por ley no podría ser nunca clasificado: un registro para la explotación de meretrices", advirtió la Procuración.

Tres locales.
La denuncia precisa que son tres las whiskerías locales en las que "se ejerce la prostitución o se incita a ella". Los locales son: Jarana, ubicado en la calle Callaqueo y Ruta 35; El Rancho (mismo nombre y dueño que el cabaret de 25 de Mayo), en Circunvalación Santiago Marzo 1885, y Privado VIP, en Circunvalación Sur 2200.
En los tres cabarets, "mujeres de variadas edades y provenientes de distintas provincias (Formosa, Tucumán, Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras) y del extranjero (Paraguay y República Dominicana, en su mayoría) comercian sexualmente con su cuerpo mientras terceras personas administran y explotan dicha actividad", describe la denuncia. En menor medida, las jóvenes provienen de la provincia de Buenos Aires y Mendoza.
De la información del libro de inscripción, Página/12 subraya que surge que en los últimos dos años "se ha incrementado de manera considerable" la registración de mujeres provenientes del exterior, en su mayoría de Paraguay, y del norte argentino, por ejemplo, Salta. Desde 2007 hasta marzo de 2009 fueron anotadas como "alternadoras" en el municipio santarroseño aproximadamente 34 paraguayas, 6 dominicanas, 24 salteñas, 7 tucumanas, 6 formoseñas, y 11 cordobesas, entre otros orígenes.
El titular de la Ufase también analizó los registros migratorios de la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Así pudo establecer cómo llegan al país las jóvenes provenientes de Paraguay: "Ingresan de a dos o más en el mismo transporte público". Incluso en la nota se describe el ejemplo de dos mujeres que, tres días después de ingresar al país por Clorinda, se registraron ante la municipalidad de Santa Rosa y obtuvieron la libreta sanitaria. Las dos presentaron como domicilio el de Ruta 151, El Sauzal, kilómetro 154, de la localidad de 25 de Mayo, donde funciona el cabaret allanado en mayo.
Para el fiscal Colombo habría elementos suficientes para corroborar la existencia de una red que opera "de modo organizado en la captación, traslado, recepción y explotación sexual de mujeres, con destino a la ciudad de Santa Rosa".
Desde la entrada en vigencia de la Ley 26.364 que pena el delito de la trata de personas, el 30 de abril de 2008, hasta que la Ufase pidió a la Municipalidad el envío del libro de inscripción de las alternadoras, a fines de mayo de este año, se registraron 61 mujeres provenientes de Paraguay y República Dominicana, localidades pampeanas y otras provincias, fundamentalmente del norte argentino. Para Colombo, todas ellas podrían ser víctimas de esa red de tratantes, "encontrándose -en la actualidad- sometidas a prácticas de explotación sexual
".

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